La presentación de la proposición de ley del PSOE y Unidas Podemos para reformar el delito de sedición supone un paso importante para la materialización de un compromiso adquirido por el Ejecutivo hace casi tres años. Fue en enero de 2020, tres meses después de que los líderes del procés fueran condenados por sedición, cuando el Ejecutivo de Pedro Sánchez apostó públicamente por una amplia reforma del Código Penal que incluiría ese delito y otros varios, como los sexuales o los medioambientales. En este tiempo ha habido reformas de esa ley orgánica, sin llegar a tocar el delito de sedición. El debate político sobre la reforma de este delito se reabrió recientemente durante la tramitación parlamentaria de los presupuestos de 2023, aunque tanto el Gobierno como ERC desvincularon ambas cuestiones. El Gobierno aseguró que mantenía su intención de reformar el delito de sedición, pero señaló que no contaba con la mayoría parlamentaria necesaria para hacerlo y el PP aprovechó la confirmación de las intenciones del Gobierno sobre esta reforma para suspen

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