Reducir en 2030 las emisiones de gases que producen efecto invernadero un 55% con respecto a 1990 es el objetivo que se ha marcado la Unión Europea en materia medioambiental. Un primer paso hacia la neutralidad energética que Bruselas se ha propuesto alcanzar en 2050. Estamos, pues, ya inmersos en una «revolución verde», que exigirá un cambio radical en el modelo no sólo energético, sino también económico. Sin embargo, esta transición tendrá un precio, un coste que se dejará sentir en el bolsillo de los ciudadanos, y que nos lleva a preguntarnos: ¿todos los países podrán asumir los gastos de transformación o solo los más ricos podrán transitar con éxito hacia lo verde?
Aunque resulta difícil evaluar el volumen de recursos totales que requerirá el cambio de modelo, existen ya varias estimaciones sobre las cantidades a desembolsar. El informe «Transición Energética y Financiación», elaborado por el Club de la Energía, recoge una cifra mundial que estaría situada en el entorno de los 6,2 trillones de dólares americanos (5,2 billones de euros) por año hasta 2030. Dicha cantidad sería la necesaria para adaptar los sistemas de producción, consumo y transporte a la nueva realidad, a los que habría que añadir entre 140 y 300 billones de dólares (117.600 y 252.000 millones de euros) para ayudar a los países vulnerables a gestionar las consecuencias del cambio climático. En su conjunto, esto supondrá una movilización de recursos cercana al 8% del PIB mundial, porcentaje muy superior al destinado, por ejemplo, a Defensa (2%) y muy similar al que representan todos los gastos sanitarios (9%).
Coste por ciudadano
Esta no es la única estimación. La pasada semana el CEO de Enel, Francesco Starace, presentó el informe «European Governance of the Energy Transition», realizado por Enel Foundation y The European House-Ambrosetti. El estudio cuantifica en 3,6 billones de euros el déficit de inversión de la Unión Europea para cumplir con los objetivos de descarbonización al final de la década. Esta cifra se traduce en más de 8.000 euros por europeo si se divide entre los 446 millones de ciudadanos comunitarios.
Y es que la transición energética va mucho más allá de una simple sustitución de tecnología. Es un cambio del actual modelo económico, que exigirá también de un cambio de mentalidad por parte de todos los ciudadanos, y del convencimiento de que serán las futuras generaciones las que se beneficien de las inversiones presentes. La entrada de mecanismos de eficiencia y reducción de emisiones en los edificios y el transporte, con la conversión al coche eléctrico y otras tecnologías no contaminantes, también va a tener un sobrecoste, que, sin duda, puede afectar a los presupuestos familiares.
De hecho, los ciudadanos ya están notando en sus bolsillos el precio de lo «verde». Las últimas subidas del recibo de la luz comienzan a ser un quebradero de cabeza tanto para el Gobierno como para los sufridos consumidores que ven como, mes tras mes, tienen que hacer frente a una factura cada vez más alta. Si bien es cierto que esta subida mucho tiene que ver con el sensible aumento del precio del gas natural (el ciclo combinado es el que marca el coste marginal en el mercado eléctrico), que ha pasado en el último año y medio de 8 a 50 euros por kilovatio hora (kWh), y del coste de los derechos de emisión CEO2, que han superado los 56 euros por tonelada (frente a los 20 del año pasado), las renovables –tecnología esencial en esta revolución verde– tampoco ayudan a la hora de abaratar la factura.
Herencia del pasado
Pedro Mielgo, presidente de NGC Partners, considera que el hecho de que las fuente de energía limpias tenga aún un valor que no es competitivo mucho tiene que ver con la herencia del pasado (y eso que su precio se ha dividido por 10 en los últimos años). «Las energías renovables se fomentaron en un momento que aún no eran rentables. Para que lo fueran, los gobiernos de los últimos 20 años han subvencionado el sector, por lo que, en la actualidad, estamos pagando todavía en la factura las ayudas con que, en su día, se apoyó su generación, y eso se nota también en el precio final que está abonando el consumidor», indica.
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